Ponerse la camiseta por la ciencia argentina: por día se pierden 7 científicos en el país

Con Milei, la inversión en Ciencia y Tecnología (CyT) representa sólo el 0,15% del PBI, mínimo histórico absoluto desde 1972.

Hoy es la Marcha Federal convocada por científicos, investigadores y trabajadores del sistema científico nacional bajo el lema “Me pongo la camiseta por Argentina y por la ciencia”. Una movilización que busca visibilizar (una vez más) la defensa de la ciencia, la educación y la universidad públicas. Lo único que se pide es que los asistentes concurran con una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol o con una bandera argentina, como símbolo de unidad y resistencia.

Y es que el ecosistema científico argentino, orgullo regional y motor de soberanía tecnológica, atraviesa hoy su hora más oscura. Lo que los fríos números de las planillas presupuestarias describen como un «ajuste» es, en la realidad de los laboratorios, de las salas de estudio y de las universidades, un derrumbe sistémico sin precedentes que amenaza con comprometer durante décadas el desarrollo estratégico del país. Bajo el gobierno encabezado por el presidente Javier Gerardo Milei, la inversión en Ciencia y Tecnología (CyT) perforó todos los pisos históricos, situándose en niveles que no se registraban desde hacía más de medio siglo.

Para comprender la magnitud de la caída solo hace falta tomar la participación de la ciencia en el Producto Bruto Interno (PBI). Según las proyecciones del Grupo de Economía, Política y Ciencia (EPC), la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional alcanzará en 2026 apenas un 0,155% del PBI. Esta tasa no es solamente una estadística preocupante, un número frío: representa el mínimo histórico absoluto desde 1972, superando incluso los peores momentos de desfinanciamiento de las últimas décadas.

Nicolás Alejo Lavagnino, director del Grupo EPC e investigador del Conicet, describe la situación con crudeza: “En un panorama muy general, el sistema financiado por el sector público, que es el grueso del financiamiento de las actividades científicas en el país, hoy está reducido a la mitad de lo que era en el 2023”. Si en el 2023 la inversión había llegado a un nivel del 0,298% del PBI (insuficiente para un desarrollo sostenido, teniendo en cuenta que lo mínimo recomendable es una inversión del 1 por ciento), la retracción bajo la actual gestión alcanza un estrepitoso 45,3% en términos reales y en menos de tres años.

Este achicamiento no ha sido quirúrgico, sino transversal. Afecta desde la caída de los salarios y la cantidad de becas hasta la eliminación de fondos para insumos básicos, campañas de investigación y mantenimiento de infraestructura. El sistema, según Lavagnino, «debería duplicar su financiamiento para volver al 2023″, una meta que parece imposible, dado que las previsiones para el año próximo “son aún peores».

Desmantelamiento

El ajuste no respetó fronteras institucionales. La desaparición funcional del Ministerio de Ciencia y Tecnología (devino en una secretaría más) y de la Agencia I+D+i (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) dejó lo que Lavagnino denomina «carcasas vacías». La Agencia, que funcionaba como el principal banco de financiamiento para proyectos de investigación, sufrió una caída del 80% real en su ejecución, respecto a 2023.

El impacto es visible en todos los organismos estratégicos del país. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) llevaba perdidos hasta junio nada menos que 6.400 empleos netos, lo que equivale a tener 7 científicos menos por día. Es un éxodo incesante de investigadores que llevó muchos años formar y que afecta a instituciones pilares del desarrollo nacional.

En el caso del Conicet, el principal organismo de ciencia del país, ya vio caer unos 2.051 puestos, entre cargos administrativos, técnicos y becas de formación. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un sector estratégico donde la formación de recursos humanos demanda décadas, se desprendió del 14,4% de su planta de personal. Aquí un asterisco, porque hay que tener en cuenta que, a fines de junio (de hecho, un mes antes de que se cumplieran 60 años desde la noche de los bastones largos, cuando cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron ocupadas por la Policía Federal, con represión a docentes incluida y renuncias masivas en agosto de 1969), hubo despidos de personal, sumada a la ocupación de la sede central del organismo. Como en la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

Los institutos encargados de la innovación industrial y agropecuaria (el INTI y el INTA) tienen sus dotaciones reducidas en 861 y 884 puestos, respectivamente (además, muchos de los predios del INTA están siendo desafectados y vendidos a particulares en condiciones absolutamente opacas). Dentro del sector aeroespacial y tecnológico, empresas como FADEA (con una reducción del 28,2%), VENG (bajas del 19,3%) y ARSAT (disminución del 11,3%) viven una permanente desarticulación de sus líneas de investigación.

Éxodo

La fuga de cerebros regresó y es constante, como el goteo de una canilla rota. Investigadores de todas las áreas se están yendo; los becarios emigran o ven cómo sus becas no son renovadas y no saben de qué van a vivir. La masa crítica de científicos retrocedió ya de 3,0 a 2,8 investigadores por cada mil habitantes de la Población Económicamente Activa (PEA). Para ponerlo en perspectiva: el promedio de los países desarrollados de la OCDE es de 9,7 investigadores; Argentina no está solamente lejos, sino que camina en la dirección opuesta. Y del otro lado lo que hay es un precipicio.

La imaginación de quienes apoyan estas medidas de estrangulamiento a los sectores capaces de aportar a una economía del conocimiento y del desarrollo se apoya en la fantasía de que los científicos “que no estén contentos” con tener salarios por debajo de la línea de pobreza “que vayan al sector privado”. Pero lo más alarmante es que ese tan mentado sector privado, lejos de absorber talentos, está estancado y carece de la escala necesaria para captar la inversión y el empleo que se destruyen en el sector público. Los científicos que abandonan el sistema no suelen irse a la industria nacional, sino que buscan horizontes en el extranjero o abandonan la actividad científica por completo.

El motor principal de esta expulsión es el colapso del poder adquisitivo. Los investigadores del Conicet y los becarios perdieron alrededor del 40,5% de su salario real desde noviembre de 2023. En términos comparativos, para recuperar el nivel de ingresos que tenían antes de la asunción de Milei, deberían recibir ya mismo un aumento nominal del 68,1%. Esta situación empuja a gran parte de la comunidad científica argentina por debajo de la línea de pobreza.

Un cargo testigo en el Conicet pasó de cubrir 1,72 Canastas Básicas Totales (CBT) en noviembre de 2023 a apenas 1,09 CBT en junio de 2026. Si a esto le sumamos el ajuste sobre las universidades nacionales, la pintura termina de descascararse de una manera casi brutal. “Hay una caída en la composición del empleo y del personal del sistema, que en la parte relacionada con los organismos científico-tecnológicos y las empresas del sector público, registra una caída del 12%, muchísimo, teniendo en cuenta lo que cuesta y el tiempo que lleva reponer esos puestos altamente calificados, que se desintegran”, puntualiza Lavagnino.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN-UBA), describe las condiciones actuales como «absurdas». Los investigadores que aún resisten lo hacen «sin plata para sus laboratorios, con salarios de miseria, con pluriempleo, con la cabeza en ver cómo logran intentar hacer algo de investigación mientras tratan de llegar a fin de mes». Lavagnino agrega: “La falta de insumos básicos para trabajar es total; no hay fondos para reactivos, equipamiento, mantenimiento ni para asistir a congresos internacionales”.

No es raro sino más bien casi cotidiano para mí conversar con investigadores que están angustiados acerca de cómo poder continuar con sus líneas de trabajo: sus becarios de postdoctorado, cuyas becas aún no han sido prorrogadas y no saben si lo serán, o aquellos que no entraron a la carrera del Conicet debido a la reducción de cupos, se van. Tienen que sobrevivir y trabajar de lo que eligieron. Pero en otros países. En los laboratorios hay lucha y continuidad como sea, pero también hay ansiedad y lágrimas de frustración.

Resistir

Para Durán, el daño acumulado ya es profundo y difícil de revertir. “Yo no digo que muera nuestro sistema científico, pero sí que queda totalmente herido y con mucha dificultad para ser reconstruido”, advierte. ¿Y cómo recuperarse de un derrumbe como éste? Es LA pregunta, la necesidad, pensar en cómo seguir.

Por lo pronto, sanear la actual situación de quiebre no será una tarea ni sencilla ni inmediata. Según los expertos consultados y los datos de ejecución presupuestaria, la reconstrucción del sistema científico-tecnológico argentino requiere de tres pilares fundamentales que deben activarse de manera urgente una vez finalizada la actual política de ajuste.

El primero es una recuperación salarial urgente. “Es la condición necesaria para frenar la sangría de recursos humanos”, razona Guillermo Durán. Sin salarios que permitan a los investigadores dedicarse exclusivamente a su tarea y vivir con dignidad, cualquier otra inversión será inútil porque no quedará nadie para ejecutarla. Es imperativo cerrar la brecha del 40% de pérdida real acumulada.

Lo segundo será recuperar la inversión en proyectos, subsidios y gastos de capital. Los laboratorios hoy paralizados por falta de insumos necesitan fondos frescos para volver a producir conocimiento y tecnología. Esto incluye el financiamiento tanto de las agencias nacionales como de las universidades.

Y hay que atraer a quienes se fueron, casi expulsados. Como en períodos previos de reconstrucción, un caso es el del programa Raíces, la Argentina necesitará políticas activas para repatriar a los científicos que se fueron al extranjero durante este trienio de desguace. En resumidas cuentas: se necesitan dinero, ideas y políticas activas.

Pero, de nuevo, a estas alturas el socavamiento del sistema científico-tecnológico argentino es tan profundo que resulta complejo pensar en qué y cómo hacerlo. “En términos de presupuesto, y a grosso modo, pensemos que estábamos un poco arriba del 0,34% del PBI de financiamiento con la idea de ir acercándonos de a poco al 0,4 y con el objetivo de llegar al 1% en 2032; ya era difícil, no es que todo fuera una joya. Pero si ahora estamos en el 0,15 %, eso implica que para volver al nivel que teníamos en 2023 habría que incrementar en un ciento por ciento todo el presupuesto de ciencia”, analiza Jorge Aliaga, uno de los directores del Conicet, electo en representación del Consejo de Universidades.

“En resumidas cuentas, pasar del 0,15 % al 0,34 % tampoco es la gran solución -argumenta el secretario de Planeamiento y evaluación institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham-. Habría que multiplicar por dos o por tres la inversión actual. Es  plata, no muchísima, pero es dinero. Pasa a ser una cantidad similar a la que les dieron ahora a las universidades”. Y concluye: “Son decisiones políticas asociadas a si se busca tener un modelo de desarrollo o no. Y me parece que estamos tan lejos de pensar en esa situación y en cómo se financia que la veo difícil”.

La caída es histórica, tanto por su velocidad como por su profundidad: en cada organismo de gobierno en el que hay ciencia y tecnología involucrados ha habido una debacle (por casos, el FONDEF o Fondo Nacional de la Defensa, cuyo objetivo principal es financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, priorizando la industria nacional y la sustitución de importaciones; la eliminación del área de metrología en el INTI; la destrucción del reactor nuclear de baja potencia CAREM en la CNEA, y la lista sigue), y sería imprescindible reconstruir y actualizar cada área.

La Argentina está rifando su futuro en el altar de un equilibrio fiscal que no distingue entre gasto e inversión estratégica. Si el conocimiento es la moneda de cambio del siglo XXI, el país se está declarando en quiebra técnica por voluntad propia. Sanear el sistema no será solo una cuestión de presupuesto, sino un acto de supervivencia nacional para recuperar la capacidad de pensar y de producir un futuro propio.

Fuente: Noticias