El Gobierno anunció que denunciará penalmente a la petrolera Navitas y otras empresas por la exploración en Malvinas
El anuncio se da luego del pedido de un ministro de Israel para reconocer la soberanía argentina sobre las Islas; la presentación se hará en Comodoro Py.
El Gobierno anunció este lunes por la noche que presentará una denuncia penal contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en X, la presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Ocurre luego de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público a Netanyahu que se reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó en su cuenta oficial el funcionario.
La denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., que, de acuerdo con el comunicado, presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar o explotar hidrocarburos en esa cuenca. El Ejecutivo sostuvo que esas actividades violarían las disposiciones de la Ley N.º 26.659, conocida también como “Ley Pino Solanas”. La misma presentación incluirá a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas como accionistas de las compañías involucradas.
La denuncia será presentada en Comodoro Py, según pudo averiguar LA NACION. En el comunicado, la Oficina del Presidente apunta contra el “ilegítimo gobierno del Reino Unido”. Asimismo, la presentación estará dirigida contra los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en el presunto hecho punible.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, se expresa en el comunicado publicado por la Oficina del Presidente.
El Gobierno sostuvo que la defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos que pertenecen a la Argentina. Además, anticipó que continuará investigando y promoviendo acciones frente a actos que vulneren los derechos soberanos del país.
En el mismo comunicado, se informó que este lunes Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.
La iniciativa presupuestaria deberá ser remitida al Congreso el próximo 15 de septiembre. Según el texto oficial, los proyectos que el Presidente pidió priorizar apuntan a fortalecer las capacidades del Estado argentino para “defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.
Tal como informó LA NACION, la norma invocada por el Gobierno, la Ley 26.659, fue sancionada el 16 de marzo de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de tensión por las actividades de exploración hidrocarburífera alrededor de las Malvinas.
Esa norma exige autorización argentina para explorar y explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y sus prohibiciones alcanzan también a quienes participen directa o indirectamente en empresas que operen sin habilitación o les presten servicios. El régimen original estableció inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y la posibilidad de revertir concesiones al Estado nacional o a las provincias.
En 2013, durante el segundo mandato de la expresidenta, el Congreso endureció ese régimen mediante la Ley 26.915, que incorporó sanciones penales. La reforma estableció penas de cinco a diez años de prisión para quienes realicen o encarguen actividades de búsqueda de hidrocarburos sin autorización mediante la exploración del lecho o subsuelo del mar territorial o de la Plataforma Continental Argentina, y de diez a 15 años para quienes extraigan, transporten o almacenen esos recursos sin permiso. También contempló multas, inhabilitaciones comerciales y el decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos.
El antecedente de una denuncia penal por esas actividades se remonta a 2015. Según informó Fiscales.gob.ar el 21 de abril de ese año, los fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella impulsaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una investigación contra seis empresas por presuntas actividades de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos cerca de las Malvinas sin autorización argentina.
La denuncia había sido presentada por quienes en ese entonces eran el canciller Héctor Timerman y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el patrocinio de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Aquella presentación apuntaba contra Falkland Oil and Gas Limited, Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc, además de otras sociedades que habrían colaborado con las operaciones.
