Tras el fracaso paritario, el Gobierno les aumentó por decreto a los Judiciales

El Gobierno estableció una suba del 7% en septiembre y otra del 4% en noviembre. El gremio había rechazado las propuestas salariales por considerarlas insuficientes.

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso por decreto un aumento salarial para los empleados judiciales de Mendoza, luego de que las negociaciones paritarias con la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales terminaran sin acuerdo. La medida establece dos incrementos para el segundo semestre de 2026 y deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1969, firmado el 18 de septiembre, que establece un incremento del 7% para septiembre y otro del 4% para noviembre. Ambos porcentajes se calcularán sobre la asignación de clase correspondiente a junio de 2026, por lo que representan un aumento acumulado del 11% sobre esa base, sin que exista capitalización entre los dos tramos.

El beneficio alcanza exclusivamente a los empleados judiciales comprendidos en el régimen salarial 10, clases 8 a 23, inclusive. Los incrementos se aplicarán sobre la asignación de clase, identificada como ítem 1003, y no necesariamente sobre la totalidad del salario de bolsillo de cada trabajador.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo explicó que la decisión se tomó después de varias instancias de negociación con el gremio judicial, que rechazó las propuestas salariales por considerarlas insuficientes.

Según consta en el documento, las diferencias quedaron registradas en las actas paritarias del 12 y el 24 de junio. El Gobierno sostuvo que había presentado propuestas progresivas con el objetivo de alcanzar un acuerdo, pero que no consiguió el consenso necesario.

Además, argumentó que la falta de acuerdo había generado una desigualdad salarial respecto de otros sectores de la Administración Pública provincial que sí aceptaron las ofertas del Ejecutivo.

En ese sentido, el decreto señala que la decisión busca garantizar un tratamiento equitativo para los empleados judiciales y mantener la coherencia de la política salarial del Gobierno.

La medida también autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para afrontar los incrementos.

El Ejecutivo fundamentó su decisión en el artículo 128 de la Constitución provincial, que establece las atribuciones del gobernador para administrar la provincia.

Sin embargo, el aumento fue dispuesto ad referéndum de la Legislatura, por lo que deberá someterse a consideración de ambas cámaras para su ratificación.

Fuente: Elsol