El Gobierno recurre al Tribunal del Mar para impedir la explotación petrolera en Malvinas
«Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal», aseguró el canciller Pablo Quirno.
La Argentina presentó este martes un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Islas Malvinas.
A dos semanas de haber intimado al Reino Unido a impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion, a cargo de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, y ante la falta de cambios en la posición británica, el Gobierno recurrió a la vía internacional que había anticipado a fines de septiembre.
De acuerdo a un comunicado, el Gobierno explicó que la solicitud busca «preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas».
La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Se trata del instrumento internacional que establece las reglas para el uso de los mares y los océanos, incluidos los derechos de los Estados sobre los recursos naturales de sus espacios marítimos y los mecanismos para resolver controversias.
La presentación judicial se suma a un cruce diplomático que se intensificó desde fines de septiembre, cuando el Reino Unido cuestionó la decisión argentina de recurrir al arbitraje y lo calificó como «un intento de socavar derechos».
A través de un comunicado difundido el 1 de octubre, el Gobierno sostuvo que «Nada más alejado de la realidad», remarcó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los procedimientos previstos para resolver disputas vinculadas con su aplicación.
Días antes, el canciller Pablo Quirno había explicado el alcance político y jurídico de la decisión en una entrevista con A24. «Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», señaló.
Y agregó: «Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal».
La Oficina del Presidente, en el cierre de su comunicado, reafirmó los «legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía» argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y concluyó: «Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas«.
Qué reclama la Argentina y por qué apunta contra Sea Lion
El proyecto, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, apunta a desarrollar yacimientos de petróleo en aguas cuya soberanía y jurisdicción son objeto de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
Sea Lion está en manos de dos compañías: Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. Ambas mantienen sus planes para comenzar la producción en 2028, con perforaciones de desarrollo previstas para principios de 2027.
Según los planes informados por las empresas, la primera etapa podría alcanzar una producción de hasta 55.000 barriles diarios, mientras que las fases posteriores permitirían elevar la capacidad a unos 125.000 barriles por día.
Para el Gobierno argentino, el avance de esas operaciones constituye una explotación unilateral de recursos naturales en un área sometida a una controversia de soberanía. Por eso, además de cuestionar las autorizaciones británicas, busca que un tribunal internacional intervenga antes de que el proyecto alcance una etapa más avanzada.
La posición oficial quedó expresada en el comunicado de la Presidencia, que sostuvo que la presentación tiene como finalidad defender «la soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos».
Del otro lado, las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas. Rockhopper calificó las medidas argentinas como «ilegítimas y carentes de justificación jurídica», según declaraciones difundidas en el marco de la controversia.
La disputa también tiene un costado económico. En las últimas semanas, el Gobierno argentino anunció medidas contra las empresas que operan en el área, mientras que Rockhopper informó que acordó la compra de una unidad flotante destinada al almacenamiento y la descarga de petróleo para el desarrollo de Sea Lion. La compañía busca avanzar con la infraestructura necesaria para poner en marcha la producción.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un organismo judicial independiente creado por la CONVEMAR y tiene su sede en Hamburgo. Está integrado por 21 magistrados y se especializa en controversias vinculadas con la interpretación y aplicación de las normas internacionales que regulan los espacios marítimos.
En este caso, la Argentina busca que el tribunal adopte medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia. La posibilidad está contemplada en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que permite solicitar este tipo de medidas cuando todavía está pendiente la constitución del órgano arbitral y la urgencia de la situación lo requiere.
El comunicado oficial señaló que la solicitud se fundamenta precisamente en esa disposición, que habilita al Tribunal del Mar a prescribir medidas para «preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia» o prevenir daños graves al medio marino.
La diferencia es importante: el organismo no tiene que resolver ahora quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo que la Argentina busca en esta instancia es que se evalúe si corresponde adoptar medidas para impedir que las actividades petroleras agraven el conflicto mientras se tramita el procedimiento arbitral.
Si el tribunal concede las medidas solicitadas, estas pueden tener carácter obligatorio para las partes. De todos modos, el resultado dependerá de la evaluación jurídica que hagan los magistrados y no existe una resolución anticipada sobre el planteo argentino.
La elección del Tribunal del Mar se explica por el mecanismo previsto en la propia CONVEMAR. Como la Argentina y el Reino Unido no eligieron el mismo procedimiento para resolver sus controversias bajo la Convención, corresponde recurrir al arbitraje previsto en su Anexo VII. Mientras se organiza ese tribunal, puede intervenir el TIDM para considerar medidas provisionales si se cumplen los requisitos establecidos.
Fuente: Perfil
