Podrían imputar a los alumnos que tomaron Institutos
Francisco Fernández, director de asuntos jurídicos de la DGE, explicó la resolución 2097, la cual está dirigida a todos los establecimientos de cualquier nivel o modalidad, públicos o privados, en donde se prohíbe cualquier actividad o acción que implique un entorpecimiento, obstrucción o suspensión del sistema educativo.
“La autoridad de la escuela deberá guiar la 2097 que establece los parámetros: las instituciones están abiertas en sus horarios habituales, después de esto, solo debe quedarse el personal docente y no docente que este afectado a una tarea específica”, comentó Fernández.
Además explicó el rol de la DGE: “Lo que asegura es el hecho educativo y que en el horario de prestación del servicio educativo, la relación aprendizaje-enseñanza, se pueda ejercer en condiciones de total normalidad”.
“Las personas que tomen edificios escolares públicos o privados, estarán inmersos en una sanción penal, en un delito de desobediencia y serán pasibles de una investigación por parte del Ministerio Fiscal”, finalizó Fernández.
Cabe destacar que el pasado 26 de agosto, la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) denunció penalmente en la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales, al menos a 10 personas que participaron en una toma de dos días en las instalaciones del Instituto Superior IES 9-002 Tomás Godoy Cruz de Ciudad.
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