Denuncian irregularidades en la entrega de 59 casas del IPV
Las viviendas del IPV fueron entregadas el jueves de la semana pasada en Maipú. Cerca de 10 familias denuncian que los dejaron sin sus casas y acusan al presidente de la cooperativa y al intendente de Maipú. Desde el municipio se desligaron del conflicto.
La entrega de 59 viviendas que se realizó el jueves pasado en Maipú ha quedado cubierta por un manto de sospechas contra la cooperativa COINQUIM y el municipio que comanda Alejandro Bermejo (PJ). Familias que durante años hicieron aportes para la urbanización del barrio y la construcción de sus casas, se encontraron con que las llaves quedaban en manos de otras personas. «Le dieron nuestras casas a gente con contactos políticos», aseguran con indignación y esgrimen como prueba un audio en el que el presidente de la cooperativa habla de irregularidades.
Las dudas de los perjudicados recaen sobre supuestos arreglos entre el presidente de COINQUIM, Horacio Landaur, y la Municipalidad de Maipú. En el audio se puede escuchar cómo Landaur explica que «por compromisos» le pidieron que destine casas a personas puestas a dedo.
Estas acusaciones fueron desmentidas por el secretario de Vivienda de Maipú, Isaac Morales, quien aseguró que las familias damnificadas deben denunciar penalmente por estafa a Landaur y lo apuntó como el único responsable de la situación en la que se encuentran. «Él pasó al municipio la lista de adjudicatarios», se escudó el funcionario y sostuvo que Landaur mintió para desligarse de su responsabilidad.
Lo cierto es que durante años las personas perjudicadas hicieron desembolsos por distintos conceptos. Por eso antes de la entrega de las casas, Rissi, su pareja Mariano Barroso y otros damnificados acudieron a la justicia y presentaron denuncias penales contra Landaur. Incluso, se pusieron en contacto con concejales de la oposición para que intercedieran antes de que las casas por las que pagaron durante años quedaran en manos de terceros.
«Entre 2009 y 2013 pagamos 80 mil pesos. Son $18 mil de carpeta, cuotas de 2.300 por la urbanización y cuotas administrativas de $150 durante 5 años», manifestó indignada Rissi. Tanto ella como las familias Virasan, Estrada, Bullaude y otras tantas fueron dejadas de lado por la cooperativa a la hora de la adjudicación de las casas.
Este lunes, al ser recibidos por autoridades del IPV les aseguraron que es poco lo que pueden hacer por ellos y se desligaron del conflicto. «El que revisa la lista de adjudicatarios es el municipio», aclaró el secretario técnico del IPV, Gustavo Vera. Esto más allá que durante años estas familias fueron evaluadas por asistentes sociales tanto del IPV como de la Municipalidad de Maipú.
En concreto, Isaac Morales y Vera se comprometieron a mantener un nuevo encuentro con las familias afectadas durante la mañana del martes. En la misma los asesorarían sobre las acciones a seguir contra el presidente de COINQUIM para recuperar el dinero invertido. Además, los estafados pidieron que en la reunión se puedan conocer las carpetas de todos los beneficiarios para corroborar que cumplen los requisitos para ocupar esas casas.
«Nosotros no estamos pidiendo que nos den nada gratis. Desde hace años venimos pagando y lo vamos a seguir haciendo. Queremos que nos solucionen nuestra situación», argumentaron ante las autoridades.
Por último, desde el IPV admitieron que no es la primera vez que se dan situaciones de estas características e intentaron responsabilizar a la gestión anterior por los desmanejos en el control de las cooperativas.
Fuente: Mdzol.com
