En Mendoza deberán pagar Ganancias otros 56 jueces y fiscales

Es por la revocación de la medida cautelar de la Corte Suprema que dispuso que tributarán jueces y fiscales nombrados a partir de 2017. Hasta el momento, sólo 6 jueces tributaban. También están alcanzados los funcionarios equiparados a magistrados que, en algunos casos, perciben sueldos superiores a 100 mil pesos.

La Corte Suprema de Justicia revocó una medida cautelar y dispuso que los jueces y fiscales nombrados a partir de enero 2017 deberán pagar el Impuesto a las Ganancias. En Mendoza, la medida afectará a 86 magistrados, entre jueces, funcionarios equiparado y fiscales, los que deberán pagar el impuesto, vengan o no de la carrera judicial.

En la provincia, hasta octubre solamente seis jueces tributaban el cuestionado gravamen: el ministro de la Corte, Dalmiro Garay, la jueza civil del Segundo Juzgado de Gestión Asociada, Marcela Ruiz Díaz y el camarista de la Segunda Cámara Laboral César Rumbo, que no son empleados de carrera del Poder Judicial. Además figuran la jueza de Paz Ana Ponte, el conjuez Pedro Urquizu y el conjuez Juan Manuel Piedecasas. Ahora se sumarán estos 40 magistrados.

También deberán tributar en el Ministerio Público. En este caso, estarán alcanzados 16 funcionarios, entre fiscales y equiparados. Por ahora el procurador Alejandro Gullé no está alcanzado por la medida, aunque su suerte podría cambiar si se llega a un acuerdo a nivel nacional.

Además en su resolución la Corte Suprema entendió que cada ascenso en la carrera judicial se contabilizará como un nuevo nombramiento y pagará Ganancias, de manera que la cifra de contribuyentes irá subiendo en la provincia.

Equiparados a magistrados

Como se nombró anteriormente, lo novedoso es que además de los jueces nombrados en 2017 están alcanzados los cuestionados funcionarios designados en cargos administrativos de jerarquía en el Poder Judicial. Estos, cobran igual que un juez pero tienen funciones menores- como tareas administrativas o relatores-, razón por la cual la situación desató varias quejas en el Palacio Judicial.

Para ejemplificar, un caso de equiparación es el del administrador de la Corte, Carlos Quiroga Nanclares, cuyo salario neto supera ampliamente los 100 mil pesos y su designación fue además polémica, teniendo en cuenta que es familiar del presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares. También en 2017 hubo acordadas que generaron polémica cuando ascendieron con cargos de relator a secretarios judiciales a unas diez personas.

Esta resolución de la Corte Suprema es bien vista en el Ejecutivo provincial. Desde sus inicios el gobernador Alfredo Cornejo se ha quejado de la designación “a dedo” los funcionarios equiparados a magistrados, ya que incluso algunos cobran sueldos más altos que el mismo mandatario, lo que lo llevó a insistir en la Ley de topes salariales.

Por otra partre, este punto de las designaciones pretendía ser tratado en el frustrado proyecto de Reforma Judicial de Juan Carlos Jaliff, que obligaba a la Corte a publicar todas las acordadas donde se realizan ascensos para el personal y mejoras salariales.

A principios de año, Cornejo reprochó que se usa el crédito de jueces para equiparar a aquellos funcionarios que cumplen tareas administrativas. Como consecuencia, el juzgado queda vacante porque no tiene el crédito para realizar la designación. De hecho, Cornejo indicó que esa actitud es digna de un juicio político.

Algunos nombramientos desde 2017

– María Paula Calafell (jueza)

– Marcela Ruiz Díaz (jueza)

– Cecilia Andrea Rubio, Andrea Rossi (fiscal)

– María Vera (jueza)

– Nadya Burgos (defensora)

– Leticia Beatriz Marti (fiscal)

– Alejandro Sánchez Giol (fiscal)

– Jorgelina Iérmoli (jueza)

– María Inés Fernández (jueza)

– Muriel Vanesa Drot (jueza)

– Javier Armando Giaroli (fiscal)

– César Augusto Rumbo (juez)

– Iván Ernesto Abalos (fiscal)

– Viviana Soledad Vargas (asesora de menores)

– Rosana Lucía Trentin (asesora de menores)

– María Cecilia Aymerich (fiscal9

– Aníbal Ezequiel Crivelli (juez)

– Roxana Livellara (jueza)

– Carla Zanichelli (jueza)

– Flavia Inés Baños (jueza)

– María Emilia Funes (jueza)

– María de los Ángeles Hidalgo (defensora)

– María Alicia Arlotta (defensora)

– Jorge Miguel Vitale (defensor)

– Ana Julia Ponte (jueza)

– Pedro Javier Urquizu (juez)

Fuente: Elsol.com