Con Cristóbal López preso, el Gobierno redobla la presión contra sus empresas

Con Cristóbal López preso, el Gobierno redobla la presión contra sus empresas

En la Casa Rosada apuran los trámites para suspender a la empresa CPC del registro de constructoras de obra pública. Además, la AFIP limitó el salvataje de Oil Combustibles.

Con sus dueños presos nuevamente y acusados por defraudar en cifras millonarias al Estado, el Grupo Indalo camina por la cornisa. Suma más problemas en la Justicia, pero también con el Gobierno que empieza a presionar sobre sus empresas. El presidente de Oil Combustibles SA y socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, fue corrido de la empresa acusado de perjudicar a la compañía, y de “abandono de trabajo”. En paralelo desde la Casa Rosada redoblaron la apuesta contra CPC SA, la constructora de López. Intimaron ala compañía e informaron que en breve quedará suspendida del registro de constructoras impidiendo así que se presente a nuevas licitaciones.

No es la única avanzada oficial. Además, la AFIP le puso límites al posible salvataje de Oil Combustibles. Acotó al máximo el plazo para que el posible interesado en comprar la petrolera concursada salde la deuda de más de $ 20.000 millones con el fisco.

El Gobierno de Mauricio Macri marcó posición frente a Cristóbal López y Fabián De Sousa hace meses: para la Casa Rosada debían estar presos por defraudar al Estado. “Cuando tenían la capacidad económica de hacer frente a sus compromisos, eligieron utilizar el dinero de los contribuyentes en pos de sus beneficios, que sus empresas crezcan y sean usadas para maniobras delictivas”, señaló una alta fuente de oficial parafraseando el fallo del viernes pasado de los Camaristas Gustavo Hornos y Eduardo Riggi que -con el voto en disidencia de Ana María Figueroa-, ordenaron la “inmediata detención” de los dueños del Grupo Indalo.

En ese marco, el Gobierno le notificó a CPC SA la constructora de López que debe realizar un descargo por las irregularidades e incumplimientos en los contratos con el Estado. Ese procedimiento formal es sólo la antesala, según pudo saber Clarín, del retiro de la compañía del registro de constructoras. Con esa maniobra quieren impedir que se presente a nuevas licitaciones públicas. La compañía ya perdió cinco contratos por más de $ 4.000 millones y la concesión de la autopista Ricchieri.

López y de Sousa están presos la causa que investiga la evasión de $ 8.000 millones en el Impuesto a la Transferencia al Combustible (ITC). La “estructura criminal montada” como la definió la Justicia, tuvo como actor central a Oil Combustibles SA. Esta firma debía tributar mes a mes al fisco el ITC. Los dueños de Indalo decidieron acogerse de forma sistemáticas a planes de pagos otorgados por la AFIP bajo la conducción de Ricardo Echegaray y así, generaron la deuda de $ 8.000 millones. El dinero que no se pagó, “fue utilizado para ampliar el conglomerado económico”. Entre otras empresas, compraron medios de comunicación que incluyen al canal C5N y Radio 10. Hoy los medios están con un concurso preventivo en trámite.

En la actualidad la AFIP le exige a López y De Sousa el pago de $ 20.000 millones. Esa suma incluye intereses, punitorios y una deuda post concursal de Oil. Por ello, determinaron en el marco del cramdown (el proceso de salvataje para evitar la quiera, abierto por el juez comercial Javier Costenino), que si se autoriza la venta de la compañía, quien la adquiera sólo tendrá un plazo de un año como máximo para pagar la multimillonaria deuda.

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La presión oficial y judicial había sobre López y De Sousa hace rato que está en marcha. De hecho, los interventores judiciales de Oil -Francisco José Cárrega y Liuba Lencova-, le habían enviado una dura carta documento a De Sousa el 28 de marzo. En la misiva le comunicaban que quedaba desvinculado de la compañía petrolera, por incurrir en una «profunda incompatibilidad» al ejercer su cargo de director y en paralelo nombrarse como empleado de la empresa.

«Ello, sumado a que se desempeñó como director en otras compañías del Grupo Indalo durante los mismos períodos que ejerció la presidencia de Oil», dice el documento al que accedió Clarín. Entonces, remarcaron que De Sousa “dedicaba su tiempo laboral a otras compañías en franca violación a los intereses de Oil».

Según los interventores, el “improcedente desempeño” de De Sousa representó no sólo un «conflicto de intereses», sino que “causó graves daños a la sociedad». Hasta le reprocharon que desde el 23 de octubre de 2017 «no se presentó a trabajar ni justificó las inasistencias». Por eso le aplicaron la figura de «abandono de trabajo».

Fuente: Clarín 

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