Del PAMI a las tarifas, el ajuste 2019 viene recargado
Hay de todo en el ajuste fiscal proyectado por el Ministerio de Hacienda, y nada o casi nada de baja densidad. Algunas cosas ya retumban, como la decisión unilateral de eliminar el Fondo de la Soja que beneficiaba a las provincias y que, por eso mismo, los gobernadores peronistas plantaron sobre la mesa del Presupuesto de 2019. Riesgo y consecuencia: una rápida convocatoria de la Casa Rosada a los ministros de Economía del interior para este jueves.
La medida aparece, junto a otras ocho, en el punto “B-Alternativas Provincias” de una lista que maneja Nicolás Dujovne. Todas forman parte del paquete de $ 100.000 millones que, en el reparto del ajuste del año próximo, se había previsto acordar con los gobernadores.
Existe una veintena más, pero no ya apuntadas hacia territorio provincial: figuran en el punto “A-Alternativas Nación” de la misma lista. Aun cuando parezcan sólo atadas a la voluntad del Gobierno nacional, tampoco serán decisiones livianas ni por cierto libres de controversias.
Para empezar, dentro del rubro dedicado a los subsidios a la energía y al transporte puede leerse un anuncio idéntico e idénticamente confuso para ambos servicios. Dice: “Incremento de tarifas inflación x 2 (17% en el primer semestre y 17% en el segundo)”. Significa, se supone, dos aumentos del 17% cada uno y un acumulado anual del 37% tanto en electricidad y gas como en transporte de pasajeros.
De todos modos el inflación x 2 suena a raro. O a excesivo: ¿por qué habría dos veces 17%, si la pauta inflacionaria promedio acordada con el Fondo Monetario fue 17% para todo el año, no 17% semestral?
Sin tantos rodeos, el número que definitivamente vale para Dujovne está en la columna de al lado: canta $ 11.000 millones y es el ahorro en subsidios que surge de sumar los dos incrementos de tarifas.
“Subsidio Gas Patagonia-eliminar diferencial precio de gas”. Muy telegráfico, aunque ahora bastante claro: si no hay marcha atrás forzosa, el año próximo el costo del gas en el Sur igualará al que pagan los habitantes del resto del país, o sea, se duplicará.
Vale reiterarlo, porque se viene una tormenta: eso consta en el menú del ministro de Hacienda y allí consta además un ahorro estimado de $ 7.000 millones.
El total-total arroja alrededor de $ 18.000 millones menos en subsidios, por la parte que banca exclusivamente el Tesoro Nacional. Hay una porción grande que desde 2019 irá a la cuenta de las provincias.
Otros recortes tendrán formato de congelamiento de partidas, que es igual a no reconocer el efecto de la inflación. Ocurrirá con “algunos programas sociales” que el listín no identifica y en otro que sí identifica: el llamado Plan Progresar, de becas para estudiantes de bajos recursos.
Ahora, el turno de un par de casos tan similares como extraños. El primero prevé que el Estado se “apropie del 100%” que el PAMI logrará ahorrarse gracias a su política de compras, esto es, nada menos que $ 10.000 millones que de otro modo habrían servido para mejorar la obra social de los jubilados.
Lo mismo sucederá con un plus que la AFIP dejará de pagarle a su personal como premio por el incremento de la recaudación. Serán alrededor de $ 5.000 millones que irán derecho al Tesoro Nacional.
Es evidente por donde se mire que las necesidades fiscales mandan, tal cual mandan en el ataque a los “regímenes especiales de jubilaciones” y en la decisión de reducir fuerte el número de pensiones no contributivas, considerando que muchas no se justifican o fueron otorgadas de manera irregular. La apuesta completa consiste en llegar a ahorrarse cerca de $ 25.000 millones.
También entrarían en la volteada los denominados “Entes cooperadores”, entidades privadas que recaudan fondos por servicios que prestan a organismos públicos, como los registros del automotor. A menudo cajas funcionales a los intereses de la política, Dujovne piensa aquí en $ 8.000 millones.
El súper guadañazo caerá sobre las obras públicas: según el programa fiscal del año próximo, los gastos de capital tendrán una “reducción del 50%”. Será una reducción contra el gasto de 2018 y será entonces un golpe arriba de otro golpe.
Para que se entienda mejor lo que eso significa: el menú del ministro para todo el 2019 señala “Gasto de capital $ 82.500 millones” y, ya en caída libre, las cuentas de la Secretaría de Hacienda del primer semestre de 2018 señalan $ 96.366 millones.
Otra medida de lo mismo y una prueba más de que la obra pública es siempre la variable a mano, cada vez que toca bajar el déficit: esos 82.500 millones de pesos representan el 42,5%, cerca de la mitad, del ajuste que hará el Gobierno nacional. Y la mayor parte será obra pública provincial.
Poco importa que el Gobierno patine, como va a patinar, con la pauta de inflación. A esta altura, jugado por jugado, la gran apuesta de Mauricio Macri pasa por cumplir con la meta fiscal comprometida ante el FMI y muchísimo mejor si es con ley de Presupuesto. Cree que bajando el déficit a fondo baja la desconfianza del mundo exterior y, al fin, puede salir un poco del apretón financiero.
Fuente: Clarín