Denuncia de Nisman: comienzan las indagatorias en el caso que desvela a Cristina Kirchner

Héctor Timerman estará frente al juez Claudio Bonadio para responder sobre su rol en la determinación institucional de dar curso al Memorándum de Entendimiento entre Argentina y la República Islámica de Irán. La imputación que recae sobre la ex Presidenta, su ex canciller y otros trece acusados es la de “encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA, por tratarse de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos.

Así, comenzarán las indagatorias en la causa más sensible para Cristina Kirchner, que deberá declarar cuatro días después de las elecciones legislativas. Durante su último año de gestión, y aunque la Justicia no había abierto la causa, la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman incomodó a ese gobierno, con su dura acusación por encubrimiento de los cinco ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el ataque terrorista.

Antes de que Bonadio unificara las dos causas contra la candidata a senadora de Unidad Ciudadana, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que tanto Cristina como Timerman fueron quienes diseñaron un “plan criminal” que, puesto en funcionamiento, “dotó de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.

Según aquella acusación, tras la firma del pacto con Irán los ciudadanos de ese país acusados del atentado lograron “sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”, manifestó el fiscal Pollicita.

La Justicia investiga a Cristina bajo la premisa de que el Memorándum que “impulsó y defendió (…) claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes y resultaba funcional al plan criminal mediante dos pilares fundamentales”.

Primero, porque el pacto se convertía en un vehículo para “brindar el instrumento adecuado para que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados sean removidas, suspendidas o morigeradas”, ya que a través del ‘entendimiento’ entre ambos países, “las circulares rojas emitidas por Interpol en orden a cinco de los ochos acusados iraníes por el atentado ya no tendrían razón de ser”. De hecho, fueron flexibilizadas bajo la advertencia de que había una negociación diplomática en marcha.

En segunda instancia, el acuerdo disponía la creación de la denominada “Comisión de la verdad”, la cual estaba “llamada a cumplir un rol central con miras a exculpar a los imputados de nacionalidad iraní, introduciendo para ello una hipótesis distinta a la sustentada por la justicia argentina con la finalidad de redireccionarla”.

Para esto fue facultada a emitir recomendaciones que “significarían una afectación a la investigación” que llevaba la Justicia y, en consecuencia, “atentarían contra el sistema democrático y republicano de nuestro país”.

Fuente:  Clarin

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