El cuestionado camarista Eduardo Ballestero pidió licencia y podría acelerar su jubilación

El cuestionado camarista Eduardo Ballestero pidió licencia y podría acelerar su jubilación

Es uno de los que falló para que liberen a Cristóbal López. La Magistratura lo investiga por su enriquecimiento.

A horas de que el Consejo de la Magistratura decida si otorga el traslado al juez Eduardo Farah -que votó por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa-, el otro camarista que acompañó esta decisión, Jorge Ballestero, se tomó una licencia médica de veinte días y analiza acogerse inmediatamente después a la jubilación, un trámite que inició en 2017. Pese a que ambos defendieron su voto, los dos camaristas investigados por la resolución que liberó a los dueños del Grupo Indalo están a un paso de dejar sus respectivos cargos en la Cámara Federal porteña, como impulsa el Gobierno nacional.

Farah pidió ante el Consejo de la Magistratura su traslado, en preferencia a un Tribunal Oral Federal de San Martín. Como allí la vacante aún no se generó -se espera que se apruebe el pliego de uno de los jueces que integra ese tribunal, Daniel Petrone, para integrar la Cámara de Casación- el camarista solicitó ir al Tribunal Oral Penal Económico 1 (TOPE 1). Este jueves, el Consejo en plenario decidirá si hace lugar al traslado.

Desde el Gobierno aseguraron que no presentarán oposición al pedido de Farah, con el objetivo de lograr “una renovación histórica de la Cámara federal porteña”, indicaron fuentes oficiales.

El otro juez que analiza dar un paso al costado es Ballestero. Este miércoles, después de un control médico, solicitó una licencia de veinte días. Cuando la misma finalice, no descarta acogerse a la jubilación, cuyos trámites inició en 2017.

Ballestero tuvo dos intervenciones quirúrgicas en menos de un año, y le colocaron varios stent. «Esto, más las exigencias de la familia y los médicos de que debe bajar un cambio, lo llevó a analizar seriamente esa posibilidad (la de jubilarse)”, indicaron desde su entorno.

Pero además de esas cuestiones personales, el juez también es investigado en el Consejo por presunto enriquecimiento ilícito, tras una denuncia de Elisa Carrió. Según su declaración jurada, su patrimonio supera los 12 millones de pesos.

Ballestero y Farah fueron denunciados después de votar por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa donde se investiga la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a la AFIP por 8.000 millones de pesos con la firma Oil Combustibles.

Los camaristas además votaron por modificar la calificación de la acusación. El juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita habían determinado que se trataba de una defraudación al Estado, y el magistrado aplicó a los acusados un embargo de 17.000 millones de pesos, equivalente al monto actualizado de la deuda. Pero luego, los jueces de Cámara cambiaron ese criterio y opinaron que el delito de López y De Sousa se trató de una retención indebida de tributo. Además de abrir la puerta para que los acusados intenten llevarse la causa al fuero penal económico, esa modificación también redujo el embargo a 8.945 millones de pesos.

A raíz del fallo, la Corte pidió que el Consejo de la Magistratura investigue presuntas irregularidades en la confirmación de la Sala de Cámara, ya que el juez Farah tuvo que desempatar entre el camarista Leopoldo Bruglia, que se oponía liberal a Cristóbal López, y Ballestero, con una postura contraria.

Además, Carrió los denunció a ambos camaristas por el presunto cobro de coimas para otorgar la libertad a Cristóbal López.

Fuente: Clarin

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