El Gobierno anunció el cierre de casi la mitad de los registros automotores del país
Mediante un comunicado, se informó el cierre del 40% de las oficinas y una reducción del 30% del personal de la DNRPA. Además, se anunció la eliminación de la cédula azul y del vencimiento de las cédulas verdes, entre otras medidas.
El Gobierno Nacional anunció, este viernes, que cerrará el 40% de los registros automotores del país con el objetivo de «bajar costos», en línea con el plan «motosierra» que lleva adelante como parte del ajuste del gasto público.
Esto llevará a una reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, en el marco de «un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas», que ya se ha implementado en otras áreas del Estado.
Así lo informó el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado, tras finalizar la primera etapa de una auditoría efectuada en el DNRPA.
En el escrito se detalló que el proceso de cierre de oficinas «comenzará con aquellos que llevan intervenidos más de 2 años» para luego proceder «con el cierre de los restantes intervenidos».
En Argentina, hay 1.557 registros de propiedad automotor que, solo en 2023, realizó la gestión de 3.059.285 trámites a nivel nacional, un promedio de 254.940 mensuales. Entre las transferencias o inscripciones, se incluyen automóviles, motocicletas y transporte pesado, así como maquinarias agrícolas.
Si las cifras porcentuales del recorte son, efectivamente, las anunciadas, la disposición del Gobierno Nacional podría resultar entonces en el cierre de más de 600 sedes del DNRPA, distribuidas en todo el territorio nacional, en las próximas semanas.
Los entes, que operan como un servicio público pero bajo gestión privada, tienen la responsabilidad de patentar y documentar todos los cambios en la titularidad de los vehículos que circulan en Argentina, según lo establece el Decreto N°1114/1997.
Esto se alinea con la promesa que hizo el propio presidente Javier Milei de eliminar estos organismos, como parte de su plataforma electoral, donde se criticó que los titulares de los mismos son designados gracias a los privilegios de «la casta», y tal como se estipula en el proceso de intervención del sector, enmarcado en el DNU 70/2023 de diciembre pasado.
Chau a la cédula azul y al vencimiento de la cédula verde
En línea con estas medidas, que están relacionadas con «eliminar trámites burocráticos» relacionados con el sistema, el Gobierno Nacional confirmó que, a partir de mayo, se eliminará la cédula azul, un cambio más que importante para los conductores.
Esto simboliza que, desde el mes en curso, «cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición, física o digital, de la cédula verde del titular del automóvil«.
También se informó que «se eliminará el vencimiento de todas las cédulas verdes», documento que, según su definición, permite acreditar que un vehículo puede circular en la vía pública.
Este es un identificador que incluye nombre y documento del titular, así como marca, modelo, números de chasis y motor del rodado.
Para el titular registral del vehículo, ésta ya no tenía vencimiento previamente, sin embargo tenía una vigencia de un año para las personas autorizadas a conducir el rodado pero que no sean el propietario del mismo, una cuestión que ya no aplicará.
Digitalización, baja de impuestos y concursos «transparentes»
Otra de las resoluciones tiene que ver con la digitalización de la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, «para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación» de los existentes en formatos físicos.
A su vez, desde la cartera anticiparon que le propondrán a los gobernadores «la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia«.
Esto, luego de la polémica que se generó a mediados de abril, cuando no fueron las provincias las que aumentaron los aranceles cobrados por el registro automotor, sino el propio Ejecutivo, en una resolución publicada en el Boletín Oficial. Posteriormente, tuvieron que rectificarse y dar marcha atrás con la medida.
Éstas se encuentran entre otras disposiciones anunciadas por el Gobierno Nacional, que incluyen:
- Implementación de un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función
- Una auditoría en el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales
- Eliminación del monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos
- Digitalización de la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales
- Un aumento en el monto que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo
Por último, desde Justicia indicaron que «a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría» que «tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos».