El Gobierno quiere financiar las casas para docentes con el remate de bienes estatales
A través de una reforma, la DGE proyecta utilizar los recursos de subastas e inmuebles en desuso como garantía y financiamiento para urbanizar terrenos y otorgar créditos. Hay 23 mil trabajadores de la educación relevados con necesidades de techo propio.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, se presentó este lunes en la Legislatura para explicar un proyecto de ley que modifica la Ley 9545 e introduce un mecanismo para que bienes y recursos estatales en desuso financien operatorias habitacionales para maestros, profesores y celadores mendocinos.
La iniciativa plantea una reforma estructural al Fondo Escolar Permanente, autorizando a la Dirección General de Escuelas (DGE) a subastar bienes muebles en desuso, vehículos fuera de servicio, rezagos y materiales obsoletos que hoy generan gastos de depósito. Sin embargo, el corazón de la propuesta pasa por el destino que se le dará a lo recaudado.
A través de la incorporación del Artículo 6º bis -Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida-, el proyecto faculta a la DGE a afectar recursos líquidos del Fondo para respaldar operaciones crediticias bancarias y garantizar desarrollos urbanísticos. La meta central es articular estas garantías con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para “apalancar” el desarrollo de barrios y reducir el déficit habitacional en la comunidad educativa.
Tras su paso por la Legislatura, García Zalazar brindó detalles de la estrategia económica tras la reforma. “Trajimos la propuesta de reforma de la ley 9.545. Esa ley creó un fondo de financiamiento de la infraestructura escolar con el remate de las herencias vacantes o de los bienes inmuebles que eran producto de la extinción de dominios, es decir, aquellos que eran tomados de actos de corrupción o de malversación de fondos“, recordó el ministro.
El funcionario precisó que el fondo cuenta hoy con un pozo acumulado que supera los $500 millones de pesos gracias a las subastas realizadas en el último año y anticipó que hay otros 12 inmuebles en evaluación para salir a remate. “La idea es que en los futuros remates no solo vayan a los fines para los que fue creado el fondo, que es la construcción o equipamiento de escuelas, sino también para garantizar operatorias de vivienda para docentes”, enfatizó.
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En ese sentido, explicó que el Ministerio rubricó un convenio con el IPV para convocar a empresas constructoras, pero que el organismo habitacional requería un respaldo financiero para acelerar las obras. “Lo que nos ha pedido el IPV es que si nosotros tenemos un fondo que garantice, que nos ayuda a la urbanización de terrenos de vivienda o que nos permita el canje de estos terrenos en todo caso, va a mejorar la cantidad de oferta que vamos a tener en materia de vivienda para todo el territorio provincial”, sumó García Zalazar.
Según reveló el titular de la DGE, una encuesta previa realizada en la provincia detectó que hay 23.000 docentes y celadores con complicaciones habitacionales, ya sea por afrontar costos de alquileres, créditos preexistentes o por no contar con casa propia.
“La idea es que podamos ir solucionándolo paulatinamente y que el IPV, en conjunto con estas nuevas operatorias, pueda todos los años ir dando soluciones habitacionales a este sector que necesita respuestas”, planteó.
Convocatoria en marcha
Respecto a los tiempos de ejecución, la convocatoria del IPV para recibir ofertas privadas ya se encuentra en marcha. “Antes de fin de mes ya vamos a tener el primer número de empresas que tienen ofertas o propuestas para este sector específicamente. Si nosotros tenemos ese número a fin de mes, dependiendo de en qué departamentos sean esas ofertas de vivienda, la idea es que se empiecen a abrir las operatorias con distintas modalidades”, detalló el ministro.
Entre las alternativas de financiamiento que se analizan, se contemplan esquemas de tipo ahorro previo con aportes preexistentes y proyectos de construcción con crédito hipotecario. A partir de la oferta territorial que presenten las firmas, se abrirán los padrones de inscripción.
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Para evitar controversias sobre el patrimonio del Estado, la norma propuesta en la Legislatura fija un estricto límite de seguridad jurídica: queda terminantemente prohibido utilizar edificios escolares o bienes esenciales del servicio educativo como garantía crediticia.
Asimismo, la ley exige a la DGE sostener de forma permanente un fondo de reserva para las necesidades de funcionamiento diario de las escuelas, evitando cualquier tipo de desfinanciamiento ordinario. Finalmente, para garantizar la transparencia, cada operatoria financiera deberá contar con dictámenes técnicos, contables, patrimoniales y legales previos antes de su aprobación.
Fuente: Elsol
