El jefe de Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, pospuso hoy la declaración de independencia de la región y pidió a cambio diálogo a España y mediación internacional para destrabar la grave crisis creada por su plan secesionista. El mandatario reivindicó «el mandato del pueblo catalán de ser un estado independiente», pero lo dejó en suspenso por unas semanas hasta lograr un acuerdo con el gobierno nacional.
En su discurso ante el Congreso catalán, Puigdemont resaltó que no tiene «nada en contra de España» y que la independencia de Cataluña «no es una decisión personal, sino del pueblo». Sin embargo, el mandatario catalán tomó una postura negociadora y remarcó que es de suma urgencia «desescalar la tensión» con el gobierno nacional.
La tensión política en España había llegado a su punto máximo cuando el 1 de octubre se realizó un referéndum independentista, en donde participaron unos 2,3 millones de catalanes. Las autoridades regionales dijeron que el 90% votó a favor de separarse y declaró que los resultados eran válidos, pese a que el gobierno central consideró el procedimiento como ilegal. Además, señalaron que un gran porcentaje del padrón no se acercó a las urnas debido a la represión impuesta por la policía, que ocasionó más de 900 heridos.
¿Qué pasa ahora?
La vía intermedia de Puigdemont le abre un nuevo frente de conflicto, esta vez interno: la CUP, el partido antisistema que lo apoya en el Parlamento, venía exigiendo que no cediera y declarara la independencia de forma unilateral. Una vez que el presidente catalán terminó de hablar, los diputados separatistas evitaron aplaudir. Luego en Twitter, el partido comentó: «Nosotros, como la gente, hoy hemos venido a proclamar la República». Si la CUP retira el apoyo a Puigdemont, podría precipitar la convocatoria de elecciones adelantadas en Cataluña.
Tensión con el gobierno nacional
Desde Madrid la postura ante la posible declaración de independencia fue concreta: el presidente español, Mariano Rajoy, ya aseguró que en caso que Carles Puigdemont lo anunciara ante el Congreso, esta no tendría efecto y utilizaría los recursos de la ley contra la región.“Tomaremos las medidas que sean necesarias para impedirlo. La separación de Cataluña no se va a producir. El gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea”, disparó Rajoy ayer.
Las opciones que más resonaron sobre el tablero fueron una posible suspensión de la autonomía regional o , en un escenario más drástico, decretar un estado de emergencia.
En los últimos días, las especulaciones de una posible independencia provocaron que el sector privado tomara medidas sobre el asunto. Varios bancos y empresas establecidos en Cataluña decidieron cambiar su domicilio social, en su mayoría a Madrid. El mismo Puigdemont calificó esta fuga como de «extrema gravedad». Aunque el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sentenció que esta iniciativa se había generado por «la irracionalidad y la radicalidad» de las propias políticas de la Generalidad de Cataluña.
Fuente: TN
