Ficha Limpia: “Tenemos la vergonzante situación de candidatos que están haciendo campaña desde las cárceles”

La diputada provincial del frente Cambia Mendoza María José Sanz acompañada de Luis Petri, diputado nacional, brindaron detalles de sus proyectos presentados en simultaneo, para evitar que condenados por corrupción busquen ser elegidos en cargos públicos.

En ese sentido, la diputada explicó que este proyecto nació el año pasado cuando tuvo la oportunidad de conocer a Rodrigo Jano, quién fue el fiscal general de Brasil.

“En esa oportunidad, por separado nos cayó la ficha de que estaba pasando que en Argentina no podíamos lograr una ley de ficha limpia y un combate serio contra la corrupción, por eso cada uno empezó a trabajar en su propio proyecto de ley”, comentó Sanz.

Lo que se busca con la ficha limpia es que, si bien en la provincia de Mendoza y en el orden nacional también la Ley Orgánica de los partidos políticos dice quienes pueden y quienes no pueden ser candidatos y precandidatos a cargos electivos, solo tienen las limitaciones los condenados por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en ningún lado se menciona todavía los hechos de corrupción.

“Además, en nuestro proyecto provincial estamos pidiendo que una vez cumplida su condena, pasen 8 años para que pueda volver a presentarse como candidato aquellos que hayan cometido delitos cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, encubrimiento, lavado de dinero y todos aquellos delitos que le meten la mano al bolsillo de los mendocinos en este caso”, aseguró Sanz.

En ese marco explicó que algunos hablan de la inconstitucionalidad del proyecto pero que no lo es, ya que Argentina se encuentra adherido a convenciones internacionales y que hablan en contra de la corrupción, ademas en la reforma de la Constitución Nacional en 1994 se especificó un articulo.

“Se incluyo el artículo 36, que expresamente dice que atentará contra el sistema democrático que incurriera en delito doloso grave contra el estado, que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos u empleos públicos”.

“Queremos abrir nuestra propuesta para que todos puedan opinar y para que todos la puedan mejorar, yo soy una convencida de que las leyes se tienen que hacer conversándolas con la comunidad y si queremos construir un país en serio, nos parece fundamental hablar de estos temas”, aseguró la diputada.

También explicó una de las razones principales, la coherencia: “No puede ser que para ingresar a trabajar tengamos que presentar, cualquier ciudadano común, un certificado de buena conducta, no tener ningún antecedente y para ser representante popular no lo exijan”.

Una de las principales críticas es que se viola el derecho de ser candidato: “Se mantiene intacto, lo que se suspende temporalmente es el ejercicio hasta que cumpla la pena y pasen unos años, todo esto en virtud de un interés superior, el interés de los mendocinos”.

La diferencia entre ambos proyectos es que el provincial busca que sean condenados en segunda instancia, porque parece más legítimo, aunque también tienen en cuenta, que en la justicia eso llevaría muchos años, y por eso que se está debatiendo cambiar ese punto.

Por su parte Luis Petri comentó: “Estos debates y estos temas me parece que son absolutamente necesarios y urgentes, no se trata de plantearlos en épocas electorales, sino que las hemos venido planteando desde siempre desde que comenzamos la gestión”.

En ese sentido explicó que en la gestión corriente se ha dictado la Ley de acceso a la información pública y la Ley del arrepentido: “Lo que permitió desentrañar la causa de corrupción más importante de la historia Argentina, hoy los principales titulares de los diarios dan cuenta de los embargos que han solicitado a jueces y Fiscales nacionales y la verdad que da escalofríos pensar que asciende a la suma de 500 mil millones de pesos”.

“Estamos hablando de dinero que fue desviado, que no llegó a Obras Públicas a rutas, hospitales y claro está que terminó en los bolsillos de funcionarios corruptos y esto le costó vidas a la Argentina, por qué la corrupción cuesta vidas y costos 52 vidas en la tragedia de once, y cuesta muchísimas vidas todos los días en nuestras rutas producto de los siniestros viales por ejemplo”, destacó el diputado.

“Hay que tener una fuerte agenda de lucha contra la corrupción, con estas y muchas medidas y quedamos con el debate abierto luchar y recuperar los bienes de la corrupción y también recuperar los bienes de organizaciones criminales, los bienes producto del narcotráfico que es otro de los flagelos que ataca la República Argentina y en el cual tenemos que estar despiertos y fiscalizando”, explicó.

“La democracia no tiene precio, pero si tiene costo y ese costo tiene que ser transparente, para garantizar que todos aquellos que acceden a la función pública no estén comprometidos a la hora de tomar decisiones”.

También explicó que este proyecto de ficha limpia tiene antecedentes en Brasil, Chile, y Uruguay.

“Es una verdadera vergüenza que esto ocurra, hoy tenemos la vergonzante situación con candidatos que están haciendo campaña desde las cárceles y esto no lo podemos permitir en la República Argentina, y para ello necesitamos normas como las que estamos estableciendo”.

“Mendoza es pionera en las luchas contra la corrupción, en la política de transparencia, por eso es imprescindible que el proyecto de María José se trate y se apruebe en la legislatura de la provincia», destacó Petri.

“Esto no es para esta elección, no queremos cambiar el juego, pero las futuras elecciones en la República Argentina tienen que ser con estas reglas, con candidatos honestos y que no tengan cuentas pendientes con la justicia, porque si los candidatos tienen cuentas pendientes con la justicia, seguramente la justicia va a terminar teniendo cuentas pendientes con la sociedad”.

Otro punto importante es la modificación del Código Penal en cuanto a las penas: “He presentado en el congreso de la nación, una modificación a los delitos contra la administración pública porque son el núcleo de los delitos de corrupción y todos tienen una característica muy particular, máximas muy bajas y mínimas muy bajas lo que implica que las mínimas son todas excarcelables, y las penas máximas no superan los 10 años”.

“Tenemos que garantizar que exista severidad en las penas, el funcionario público que deshonró su función, malversó caudales, que se enriqueció lo pague con cárcel, porque lo está exigiendo la ciudadanía”.

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