Alcances de la ley
La iniciativa, de autoría del senador radical Marcelo Rubio, crea, además, un “Registro Único de Empresas de Compactación”, estableciendo requisitos, muchos de ellos exigidos por la Ley de Administración Financiera. También contempla el “Registro Único de Vehículos Secuestrados” que se encuentren en poder de la Autoridad Pública por causas judiciales o contravenciones federales, provinciales o municipales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y prevé un Fondo de Reserva compuesto por el 5% del total de la venta de la chatarra, para solventar posibles reclamos administrativos o judiciales que surjan por la aplicación de esta ley.
Una vez obtenida la baja de los vehículos a compactar, se notificará a la Administración Tributaria Mendoza- ATM, con el fin de que no sigan generando deuda tributaria con la provincia.
En los fundamentos del proyecto, Rubio destacó que los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmaderos a cielo abierto, siendo objeto de constantes hechos de vandalismo, robos o incendios
También destaca que advirtieron la necesidad de agilizar y reglamentar la disposición final de los vehículos depositados, ya que se han ido acumulando a través de los años, en los predios que posee el Estado, a nivel provincial y municipal
Aclara en ese sentido que se trata de vehículos tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que se encuentren abandonados en la vía pública, subrayando que a la vez, “se generan recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que permiten subsanar los gastos generados por la estancia de los vehículos en los predios”.
Cómo se ejecutará el programa
Una vez que se publique en el boletín oficial, el Ministerio de Seguridad podrá abrir la licitación para convocar a las empresas a que se presenten para realizar la compactación.
Serán las encargadas no solo de compactar los vehículos, sino de descontaminar los terrenos de los fluidos que hayan generado los vehículos secuestrados.
Las empresas le pagarán al estado $500 por kilo de chatarra compactada.
Fuente: Diario Uno
