Los cuadernos con las coimas a la Policía Federal de Mendoza

El Sol accedió a las pruebas que complican al comisario Dino Rossignoli con el pago de sobornos en dólares para liberar la zona de las cuevas en el microcentro. Documentos y análisis de teléfonos celulares, una combinación determinante.

El expediente iniciado en la Justicia por el pago de sobornos al jefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal contiene pruebas firmes contra los principales sospechosos de integrar una presunta asociación ilícita que mantenía un mecanismo aceitado para operar en una serie de cuevas instaladas en locales habilitados como joyerías en el microcentro de Mendoza.

El comisario Dino Rossignoli está en la cárcel desde el 14 de setiembre por orden del juez Marcelo Garnica. El magistrado analizó en profundidad el trabajo de campo y peritajes realizados por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) de la provincia y ordenó allanamientos y una docena de detenciones. Además del reconocido uniformado, fueron atrapados Nicolás Bazán y su señalado socio en el negocio ilegal de la compra-venta de divisa extranjera, Renzo González.

Estos jóvenes, quienes no superan los 30 años, evidenciaron un enorme crecimiento en su patrimonio desde el inicio de la pandemia: a medida que avanzaban las restricciones, crecían las sucursales de las joyerías con razón social Stefano Cannella y Vía Roma y también las inversiones en complejos privados y autos de alta gama.

Este diario viene contando en detalle cómo fueron los trabajos investigativos de la PCN e informó a mediados de setiembre que los efectivos habían incautado la mañana del 6 de julio, durante 22 allanamientos en los citados locales, además de una importante cantidad de teléfonos celulares, una serie de documentos que contenían anotaciones que comprometían al jefe policial con el cobro de coimas para liberar la zona donde se movía el señalado grupo delictivo liderado Bazán y González.

En los Tribunales Federales de calles España y Pedro Molina esta prueba es conocida como “los cuadernos de las coimas de la Policía Federal de Mendoza”, en clara referencia a la causa judicial iniciada contra la vicepresidenta Cristina Fernández y otros personajes del mundo político por asociación ilícita y que cuenta con documentos escritos con anotaciones que comprometerían a los sospechosos con sobreprecios en la compra de gas natural licuado.

Los efectivos de la PCN dieron, durante las primeras medidas que se ordenaron en la causa, con un cuaderno de tapa verde que lleva el título de “Catamarca”.

Se trata de un bloc que contiene las entradas y salidas de dinero que registraban las cuevas y que permitían a Bazán y compañía mantener en claro los números que manejaban diariamente.

Los peritajes desarrollados en cada hoja del cuaderno permitieron conocer que existían sospechas de pago de coimas a un integrante de la Policía Federal de la provincia.

A los pocos días, el apuntado fue Dino Rossignoli porque se realizó un trabajo comparativo con la información que iba surgiendo de los teléfonos celulares incautados el 6 de julio.

Esa unión de la prueba fue fundamental para sostener el pedido de detención contra el jefe de la Policía Federal de Mendoza. La PCN recuperó las comunicaciones que Nicolás Bazán realizó, a través de la aplicación WhatsApp, con Rossignoli durante varios meses. Evidenciaban una relación de confianza y hablaban de encuentros mensuales en algunos cafés del centro en época de pandemia.

Los detectives creen que Rossignoli cobró sobornos de mil dólares mensuales durante dos años para evitar iniciar investigaciones policiales federales en contra de los cuestionados locales.

El Sol accedió a las imágenes de lo que escribían los empleados de Bazán en el cuaderno “Catamarca”. Las cifras, que serían coimas, están en el sector de las salidas del efectivo (en pesos y dólares) y se encuentran en un nivel destacado. Por ejemplo, en lo que sería un pago realizado al comisario entre el 8 y el 13 de setiembre del 2021, figura “US1.000 (PFA)”.

Para los policías de la PCN y el juez Garnica, la organización liderada por Bazán y González llevaba un detallado inventario de los gastos que hacía. Y los sobornos no podían quedar afuera. Debido a esto, hicieron una relación con las comunicaciones entre Bazán y Rossignoli: justamente, para la fecha que se registraban las anotaciones hubo conversaciones entre ambos protagonistas.

Además del cuaderno que contenía las entradas y salidas de dinero de la sucursal de calle Catamarca, los sabuesos también obtuvieron información valiosa de un grupo de WhatsApp llamado “Putos de atrás”, con 16 participantes.

La finalidad no era más que el control de los números que los señalados jefes de la organización necesitaban tener de cada una de las cuevas donde operaban.

Y los empleados iban subiendo fotos que tomaban a los cuadernos de otras sucursales, como la de “calle San Martín”, como llamaban a la ubicada en el interior de la Galería Tonsa.

De allí también confirmaron que en marzo de ese año compartieron una imagen con movimientos de dinero y uno destacado con la inscripción “cometa F”, de 400 dólares.

Los sospechosos denominaban “F”, “PFA”, “Federica” o “Federico” a la Policía Federal Argentina y así lo registraron en los cuadernos y también en algunos diálogos a través el servicio de mensajería que requiere internet para su uso.

Del expediente que lidera Garnica surge que también se compartieron otras imágenes de cuadernos en ese grupo, como una registrada el 25 de abril de este año, donde se apreció escrito “U$1.000 (F)”. Lo mismo para el 27 de mayo, con otros “U$1.000 (F)”.

Toda esta prueba es considerada fundamental para el juez Garnica. Y por eso continúa el trabajo de peritajes para sostener la instrucción en los próximos meses.

Últimos pasos

La megacausa que se tramita en el Juzgado Federal Nº3 ya tiene 12 acusados, luego de que este martes se entregara el comisario retirado de la Policía de Mendoza Ángel Alberto Fava, quien es mencionado como jefe de seguridad en las cuevas y miembro activo de la organización.

Fuentes judiciales aportaron que existe la presunción –por algunas pruebas analizadas en los teléfonos– de que Fava avisaba a los dueños de las cuevas de posibles investigaciones o allanamientos en su contra gracias a los contactos que tenía en la fuerza.

Las imputaciones son por asociación ilícita –en el caso de Bazán y González, como jefes– y cohecho activo y pasivo. Los dos señalados responsables de las joyerías y el comisario Rossignoli pasan sus días en la cárcel federal de Cacheuta.

Hasta este miércoles, el juez Marcelo Garnica no los había procesado. Ese paso en la causa estaba por darse en los próximos días, una vez que arribe al despacho del magistrado una serie de informes que solicitó.

Además, también se analiza otra acusación contra el jefe policial federal: a las pocas horas de su detención, tal como reveló El Sol, la cúpula regional de la fuerza ordenó una auditoría interna porque existían sospechas de manejo irregular de dinero en la delegación ubicada en calle Perú, de Ciudad.

El trabajo permitió conocer que faltaban más de dos millones de pesos que habían sido incautados durante unos allanamientos liderados por esa fuerza a fines del 2020, por lo que inmediatamente recayó la sospecha sobre el comisario y realizaron una nueva exposición en los Tribunales Federales.

Así las cosas, además de los citados, fueron imputados Ernesto Bazán –padre de Nicolás, ex dirigente de Independiente Rivadavia y el hombre que habría iniciado el contacto y el pago de las coimas con Rossignoli–; el policía retirado Marcelo Negro Salcedo –ex custodio del dinero y de los locales–; Félix Masera y Andrés Bauco –presuntos socios en Vía Roma–; los hermanos Juan y Alejandro Moral –productores musicales que habrían lavado dinero proveniente de las joyerías–; Roberto Poroto Bustos –custodio, otrora miembro del Ejército y también dedicado a servicios de inteligencia– y la contadora María José Gregorio. 

De esta forma, sólo se encuentra prófugo Eduardo Palermo Fernández, empleado y hombre de confianza de Nicolás Bazán y también señalado como enviado para pagar las coimas en los encuentros con Rossignoli.

Durante los peritajes al teléfono de Bazán, encontraron comunicaciones y hasta imágenes que confirmaron que Palermo había sido enviado para entregar un soborno.

Fuente: Elsol