Los planes para la agencia de noticias estatal: el antecedente que el Gobierno quiere evitar

El Gobierno terminará de diseñar el procedimiento legal para poder cerrarla sin necesidad de aprobación legislativa durante los próximos siete días. El funcionario clave que lo está ejecutando y el contexto de la decisión propiciada por el Presidente.

El Gobierno presidido por Javier Milei está diseñando el esquema legal para el cierre definitivo de la Agencia de Noticias Télam, algo que el Presidente anunció durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias emitido el viernes pasado.

Se trata de un paso necesario para que el Poder Ejecutivo pueda concretar la liquidación de la Sociedad Estatal que actualmente emplea a más de 700 trabajadores del rubro de prensa en todo el país y que por decisión de Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse está intervenida por el abogado Diego Chaher, que también actúa sobre Radio y Televisión Argentina, el portal Educ.Ar y la firma de Contenidos Públicos.

El funcionario anotició esta mañana a los trabajadores de Télam y les comunicó por mail que quedarán bajo una licencia con goce de sueldo por un plazo de siete días a partir de hoy. Este es el plazo que el Gobierno se tomará para terminar de articular la estrategia legal y administrativa para poder concretar el cierre de la agencia de noticias.

Se trata de un diseño que ya se estaba haciendo antes de que Milei lo anunciara en su discurso del pasado viernes en el Congreso. En la mitad de su discurso y luego de resaltar la eliminación de agencias de gobierno como el INADI, el Presidente remarcó que «en esa misma línea, vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista«.

El anuncio contó con estruendo de aplausos por parte de los seguidores libertarios allí presentes y de algunos diputados y senadores de Juntos por el Cambio como Hernán Lombardi, exsecretario de Medios Públicos de la gestión de Mauricio Macri.

Fue justamente Lombardi quien durante 2018 ejecutó el despido de 354 trabajadores de la agencia estatal de noticias, lo que hasta ese entonces representaba un 40% de la plantilla. Meses después, la Justicia del Trabajo ordenó la reincorporación definitiva de 68 trabajadores a partir de diferentes sentencias. «Lamentablemente Télam pasó de ser una usina de periodismo a un espacio de militancia partidaria», alegaba en su momento el titular del Sistema de Medios Públicos.

En esta ocasión, la postura del Gobierno es clara: no se busca disminuir la planta o el déficit financiero de la agencia, se apunta a su liquidación y cierre. El vocero presidencial Manuel Adorni informó hoy en conferencia de prensa que esta semana se conocerán los detalles del plan para avanzar con el cierre de Télam y justificó su cierre a raíz de que este año «tenía una pérdida estimada en 20 mil millones de pesos». «Esto no tiene nada que ver ni con el pluralismo de la información ni con la libertad de prensa», agregó.

El funcionario encargado de comunicar las acciones del Presidente también explicó que la caída del sitio web que se evidenciaba hasta el momento de la publicación de esta nota es porque «se encuentra en reestructuración y próximamente va a volver a estar en línea». En tanto, justificó el vallado que fuerzas de seguridad hicieron esta mañana sobre la sede principal de la agencia en la calle Bolívar para «evitar cualquier tipo de irrupción de gente que nada tenga que ver con Télam y que haya querido ensuciar al Gobierno o a sus empleados».

Qué planea hacer el Gobierno con Télam

Desde el Ejecutivo esgrimen que «la empresa, efectivamente, se va a cerrar» y que «es una decisión que corresponde exclusivamente al Presidente». Es el jefe de Estado quien encomendó al jefe de Gabinete Nicolás Posse a asistir en lo necesario a los funcionarios que deben ejecutar la liquidación: el principal es el interventor Diego Chaher, con amplia experiencia en el ámbito de la gerencia en medios de comunicación. El abogado tiene casi dos décadas encima en el área de legales del Grupo América (exGrupo Uno) y fue gerente durante dos años (2020-2022) del Canal 8 de San Juan.

Curiosamente, cuatro días atrás renunció el interventor adjunto que había asumido junto a Chaher, Diego Marías. Su designación correspondía a un perfil más político y no específicamente del sector, dado que fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de PRO y se había desempeñado como funcionario en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación durante la titularidad de Esteban Bullrich en la gestión macrista.

Según comunicó oportunamente La Nación, esto se debió a «la necesidad de agilizar la toma de decisiones y tornar más eficientes los procesos internos del sistema de medios públicos». Un día después, Milei anunció el futuro cierre de Télam.

 

La Jefatura de Gabinete que comanda Posse es quien se encarga de monitorear la actividad del interventor. En tanto, fuentes del área alegan que el diseño legal de la agencia de noticias está centralizado en el equipo de Chaher y no tanto por áreas similares como la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado o la Subsecretaría de Desregulación, todas dependientes de Posse.

El quid de la cuestión reside en el artículo 5 de la Ley 20.705 que creó las Sociedades del Estado, que expresa que estas «no podrán ser declaradas en quiebra» y que «sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado». Télam está enmarcada bajo ese cuadro legal y desde los sindicatos de prensa alegan que el Gobierno no podrá cerrarla sin la venia del Congreso.

Fuentes oficiales alegaron ante El Cronista que la autorización legislativa no es la única alternativa para cerrar Télam. «No necesariamente se precisa eso. Esta semana se va a delimitar el plan y se va a conocer cómo lo vamos a ejecutar», dijo una alta fuente a este periodista.

Desde Casa Rosada alegan que están facultados a hacerlo por la derogación de la misma Ley 20.705 que fue efectuada a través de la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica. Ese apartado continúa vigente y espera al trámite que se dé en el Congreso durante las próximas semanas.

En tanto, otra fuente oficial dejó entrever que «es probable que surja una alternativa para algunos trabajadores de la agencia» y que no todos sean despedidos o puedan ser reubicados en otras empresas pertenecientes al Estado. Eso sí, descartan la creación de una agencia de noticias «reducida» o «despolitizada», así como un cierre inminente de Televisión Pública o Radio Nacional, la cual tuvo más de 500 ceses de contratos la semana pasada.

Fuente: Cronista