Mendoza retoma los operativos para secuestrar celulares en las cárceles
Con aval judicial, el Gobierno provincial volvió a implementar controles en los penales para detectar y retirar teléfonos móviles. La medida apunta a reforzar la seguridad y evitar comunicaciones no autorizadas.
El Gobierno de Mendoza reactivó los operativos de requisa y secuestro de celulares en las cárceles provinciales. La medida se retomó tras el fallo del juez Juan Manuel Pina, quien aceptó el recurso de apelación presentado luego de que su par, Sebastián Sarmiento, habilitara momentáneamente un habeas corpus colectivo que frenaba las requisas.
Pina reemplazó a Sarmiento en la causa luego de que este último se apartara tras la controversia generada por su resolución. Con esta decisión, el Servicio Penitenciario provincial volvió a aplicar el protocolo que prohíbe la tenencia de celulares en contextos de encierro, según lo dispuesto previamente por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
“Finalizada la etapa de entrega voluntaria, el hallazgo de un celular en poder de un interno será motivo de sanción disciplinaria”, informaron desde el Servicio Penitenciario. Según datos oficiales, aún hay más de 2.000 dispositivos móviles en circulación dentro del sistema carcelario, aunque la cifra viene disminuyendo a medida que avanzan los controles.
Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, aseguraron que los detenidos cuentan con canales alternativos habilitados. Entre ellos, se mencionan las visitas semanales, la instalación de teléfonos fijos en los establecimientos penitenciarios y un sistema de videollamadas reguladas a través del área de Trabajo Social.
Paralelamente, se lleva adelante la instalación de 42 teléfonos anti vandálicos en los penales de Boulogne Sur Mer y San Felipe, que se sumarán a otros 68 previstos para cárceles como Almafuerte 1 y 2, San Rafael y El Cerrito. Estos dispositivos permitirán llamadas controladas e incluirán un aviso automático que identifica el origen carcelario de la comunicación.
Las videollamadas, en tanto, están permitidas únicamente en días hábiles y dentro del horario administrativo, y requieren autorización previa. No se graban ni se monitorean, pero quedan registradas en el sistema informático con los datos del receptor para garantizar que no existan restricciones legales.
También se mantiene disponible un canal telefónico para emergencias familiares, como enfermedades graves o fallecimientos, limitado a contactos previamente autorizados en el registro de visitas.
Según las autoridades, los operativos buscan reducir las comunicaciones que, en algunos casos, se utilizan con fines delictivos desde el interior de los penales. La estrategia apunta a fortalecer el control interno y a ordenar los mecanismos formales de contacto entre los internos y el exterior, en el marco de lo establecido por la legislación vigente.
Fuente: Elsol
