Procesaron a un científico del Conicet por el diseño del inventario de glaciares
La causa comenzó por los derrames de cianuro en la mina Veladero; también fueron procesados tres ex titulares de la Secretaría de Ambiente, acusados de haber violado la ley de glaciares, pero ningún directivo de la empresa Barrick Gold, propietaria de la mina
En octubre de 2012 un tribunal italiano despertó la indignación de la comunidad científica internacional cuando condenó a seis años de cárcel a un grupo de geólogos de ese país por no haber previsto el terremoto de 2009 en L’Aquila.
El fallo causó una conmoción porque, como repiten los especialistas cada vez que uno de esos movimientos tectónicos ocasiona pérdidas dramáticas en vidas humanas e infraestructura, la ciencia todavía no tiene las herramientas para predecir en qué momento exacto se producirá un sismo ni de qué intensidad será.
Algo similar podría estar sucediendo en la Argentina. El juez Sebastián Casanello acaba de procesar penalmente al destacado glaciólogo del Conicet Ricardo Villalba en la causa iniciada por los derrames de cianuro de la mina Veladero del 12 y 13 de septiembre de 2015 y el 8 de septiembre de este año.
¿De qué se lo acusa? De que en el diseño del Inventario Nacional de Glaciares dispuesto por la Ley 26.639 y ejecutado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), entidad de la que fue director por concurso entre 2005 y 2015, se dispuso incluir cuerpos de hielo y ambiente periglacial de más de una hectárea, con lo que habría dejado «desprotegidos» los existentes en la cuenca del rio Jáchal, en San Juan.
Según el abogado Diego Seguí, patrocinante de la asamblea «Jáchal no se toca», que hizo la denuncia, «[el Ianigla] restringió el concepto de «periglaciares»» y «si la ley no distingue, no puede hacerlo el funcionario que la aplica».
«Esto es lamentable -dice Villalba, desde Mendoza-, porque se destruye la confianza en un instituto con 40 años de trabajo en pro de la preservación del ambiente andino. El juez y los abogados de la asamblea cuestionan la metodología con la que se hizo el inventario aduciendo que favoreció a la empresa Barrick Gold, le permitió seguir operando y producir el derrame. Pero las técnicas para elaborar estos instrumentos están estipuladas por organismos internacionales. En nuestro caso, por razones operativas y de precisión de las fotos satelitales, adoptamos el mínimo de una hectárea. Suiza, por ejemplo, mide superficies a partir de 10 hectáreas, y Francia y Canadá, a partir de cinco.»
Y enseguida subraya: «No entiendo porqué se hace tanto hincapié en el mínimo de una hectárea, si en la zona se relevaron 30 cuerpos de hielo con una superficie de cuatro kilómetros cuadrados, 40 hectáreas. El inventario registró la existencia de glaciares en Veladero y Pascua Lama, con lo cual existen motivos más que suficientes para detener la explotación minera en la región, si así se decidiera. Pero eso no le compete al Ianigla, que no es la autoridad de aplicación. En 2006, cuatro años antes de la Ley de Protección de Glaciares, por pedido del gobierno de San Juan, nuestro instituto ya había hecho un estudio de impacto ambiental con todos los cuerpos de hielo de la provincia, aún los de menos de una hectárea, y los derrames ocurrieron igual, porque son producto de la falta de aplicación de otras medidas.»
Desde Washington, el juez Casanello, que fue recusado por la empresa Barrick Gold y que fundamenta su fallo en detalle a lo largo de más de 80 páginas (puede leerse en http://www.cij.gov.ar/nota-28650-El-juez-Casanello-proces–a-ex-titular-de-la-Secretar-a-de-Ambiente-y-otros-funcionarios-por-vulnerar-la-ley-de-glaciares.html), destaca que «en los países que eligen inventariar desde las cinco o 10 hectáreas no hay Andes desérticos» y agrega que «Para poder proteger, hay que conocer; sin el inventario, no se puede llevar a la práctica esa protección. De hecho, la Corte en su fallo que devuelve la causa Barrick Gold a la justicia de la provincia de San Juan finaliza afirmando que «no pueden decir más porque no está hecho el inventario»».
Fuente: La Nacion
