Sin celulares oficiales ni nuevos empleados: el plan del Gobierno para gastar menos

Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, dio detalles de las restricciones impuestas en el gasto público.

Para reducir el gasto público este año, el Gobierno buscará tener más control sobre los movimientos de dinero que hagan la Dirección General de Escuelas y los organismos descentralizados. Además, reducirán la cantidad de celulares oficiales para dar un mensaje de ”austeridad”.

Desde que la provincia es gobernada por Cambia Mendoza, estas restricciones son una constante, pero este 2022, la gestión de Rodolfo Suarez profundizó en las medidas para que el gasto no pueda aumentarse por encima de la inflación.

Tratamos de mantener el control sobre los gastos que se hacen y ser estrictos sobre todo con el personal. Se hicieron modificaciones de redacción que generaban interpretaciones ambiguas”, afirmó Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, quien, junto al Gobernador, será el encargado de decidir qué gastos se autorizan y cuáles no.

En palabras del funcionario, este 2022 el Gobierno busca tener un control adicional sobre la Dirección General de Escuelas (DGE), sobre todo, en el caso del personal no docente, no así para con la categoría de docentes, que tendrá menos restricciones.

En este sentido, el decreto N° 35 publicado en Boletín Oficial establece la prohibición de todo incremento de la planta de personal, excepto aquellas que sean reemplazos o parte de un cumplimiento de acuerdos paritarios, adscripciones, transferencias y cargos ganados por concurso.

Para ”mantener el equilibrio presupuestario”, también aspiran mirar de cerca a los organismos descentralizados, tales como el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) o el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, entre otros. ”Queremos que se atengan también a esta norma y que pasen por el Ministerio de Hacienda antes de decidir los gastos”, añadió Fayad.

Las erogaciones que hagan estos organismos, así como también las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, no podrán superar el 8,33% del crédito vigente (mensual y acumulativo) de enero a octubre y el 8,35% para noviembre y diciembre, indicó el Gobierno. El objetivo es que no se hagan licitaciones sin contar con las partidas necesarias.

Seguramente en el primer trimestre se mantenga la ejecución de gastos prioritarios y en el segundo, a medida que se vayan despejando las incertidumbre, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las refinanciaciones que tenemos que hacer, empezaremos a liberar los gastos que nos piden los ministerios”, dijo el funcionario.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas.

En cuanto a Salud, Fayad señaló que este año podrán tener un mayor control sobre ese Ministerio. ”Había menos restricciones porque no había conocimiento sobre cómo gestionar una pandemia, ahora tenemos más información. El control se relajó para tratar de mantener las camas de terapia intensiva, no perder el suministro de insumos o la compra equipamiento”, comentó el funcionario, quien remarcó que la emergencia sanitaria sigue existiendo por lo que la salud seguirá teniendo ”consideraciones”.

Menos celulares oficiales

En el decreto publicado este martes aparece la baja de celulares oficiales. Fayad afirmó que esta medida tiene más que ver con un gesto a la sociedad que con implementar grandes cambios en términos presupuestarios.

Hay restricciones a tipos de gastos que son menores, pero que nos parecen correctos de cara a la austeridad que queremos mostrar. No representan el grueso del gasto (los celulares), pero se hace desde lo simbólico”.

La normativa determina que ”sólo podrán tener celulares oficiales el Gobernador, los ministros, los secretarios del Poder Ejecutivo y los subsecretarios y directores” y que quienes tengan equipos sin autorización deberán devolverlos dentro de 30 días hábiles.

Otras medidas

El Gobierno también decidió suspender las firmas de nuevos convenios con universidades, facultades, fundaciones y otros organismos no gubernamentales que impliquen erogaciones económicas para la Provincia.

A su vez, la idea del Ejecutivo es disminuir gastos apurando los trámites jubilatorios. Al respecto, el decreto dice que los directores generales de Administración o cargos similares deberán realizar todas acciones necesarias antes del 30 de marzo de 2022, para que las personas en condiciones de hacerlo inicien con la debida anticipación los trámites correspondientes.

Además, en el caso del personal, se prohibieron los aumentos de porcentajes y el otorgamiento de nuevos adicionales por mayor dedicación, dedicación de tiempo completo, mayor horario y cualquier otro adicional de denominación similar.

Fuente: Diario El Sol