WALTERGATE – Los 9 detenidos se negaron a declarar y siguen tras las rejas

Los tres abogados y otras seis personas que fueron apresados como sospechosas de integrar una asociación ilícita presuntamente comandada por el juez federal de Mendoza Walter Bento se negaron a declarar ante la Justicia y permanecerán en calidad de detenidos.

En tanto, los investigadores determinaron que el juez federal y su esposa, Isabel Boiza, ambos imputados en la causa sin prisión preventiva, utilizaron su sociedad conyugal «para adquirir» inmuebles «y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna», y utilizaron a dos de sus tres hijos «para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos y para que figuren como titulares de bienes».

Según las fuentes judiciales, los nueve detenidos en el caso se negaron a declarar ante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas y el fiscal general Dante Vega.

Se trata de los tres abogados del foro local Matías Aramayo, Martín Ríos, Luciano Ortego (último en entregarse ayer), quienes fueron imputados por la asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos; y otras seis personas quienes oficiaban de sobornadores, acusadas de cohecho activo agravado.

 

Por el caso, además, hay otras cuatro personas que, se sospecha, integraban la asociación ilícita que tenía como fin cobrar coimas a personas imputadas en causas vinculadas al narcotráfico para beneficiarlas con resoluciones judiciales.

La clave para desbaratar la organización fue el análisis de mensajes y llamadas telefónicas entre los sospechosos, como así también las declaraciones de testigos, algunos presos en causas de contrabando o narcotráfico y fallos judiciales.

Bento, juez federal de Mendoza y con competencia electoral, fue imputado el miércoles pasado acusado de ser «jefe de asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito», aunque permanece en libertad debido a los fueros que lo amparan.

La causa se originó en marzo del año pasado a partir de los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Bardinella Donoso (41), acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga.

Para la fiscalía, uno de los intermediarios entre el juez imputado y los sobornadores era el empresario Aliaga.

Según un informe de la fiscalía que fue publicado en la web institucional fiscales.gob.ar, Aliaga era «hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos» y que el vínculo entre ambos se remonta a 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando de mercaderías y «fue beneficiado por el juez en dos oportunidades: la primera en fecha 3 de agosto de 2010 cuando dictó falta de mérito en su favor y la segunda el 14 de mayo de 2014 cuando lo sobreseyó».

Además, señalaron que en varias oportunidades los abogados detenidos en el marco de la causa se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con él, quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez, a quien mencionaba como el «número 1».

 

Por otra parte, la fiscalía realizó una investigación del patrimonio del juez federal, de su esposa -también funcionaria judicial-, como así también de dos de sus tres hijos, quienes aún no fueron imputados en el expediente.

Los fiscales descartaron que los varios viajes realizados por el juez y su esposa a las ciudades estadounidenses de Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, hayan sido «con fines de esparcimiento u otro fin lícito» y sospechan que estaban vinculados a operaciones de «enriquecimiento ilícito y lavado de activos».

Fuente: Diario Mendoza.net

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