El oficialismo reunió los votos para quitarle los fueros a De Vido

La Cámara de Diputados debatirá hoy retirarle su inmunidad de arresto; si se aprueba puede quedar detenido de inmediato; en la Comisión de Asuntos Constitucionales sólo votó en contra el kirchnerismo, pero no lo defendió.

Julio De Vido tiene sus horas contadas en la Cámara de Diputados. El oficialismo y la mayoría de los bloques de la oposición -salvo el Frente para la Victoria- se disponen a aprobar hoy en el recinto sendos pedidos de desafuero que formularon los jueces federales Claudio Bonadio y Luis Rodríguez, que investigan al ex ministro de Planificación del kirchnerismo por fraudes millonarios al Estado. De ser revocadas sus inmunidades legislativas, hoy mismo De Vido quedaría detenido.

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio el primer paso y emitió un dictamen aconsejando el desafuero del diputado kirchnerista. Lo firmaron el bloque Cambiemos, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, el Frente de la Concordia de Misiones, los bloques de Izquierda y GEN. En total, 23 de los 25 legisladores presentes. Los dos que no lo firmaron, Rodolfo Tailhade y Analía Rach Quiroga, del Frente para la Victoria, ni siquiera pidieron la palabra; el resto de sus compañeros kirchneristas de la comisión, en tanto, pegó el faltazo, al igual que el único representante del Movimiento Evita, Remo Carlotto.

Todo indica que, de reflejarse hoy en el recinto el apoyo multipartidario que se plasmó ayer en el dictamen de comisión, los dos tercios de los votos están asegurados para el desafuero de De Vido. En esta oportunidad se sumará al menos una veintena de legisladores que en julio pasado se negó a apoyar su exclusión por falta de idoneidad moral por considerar que se trataba de una maniobra electoral del oficialismo. En este lote figuraron buena parte de los peronistas no kirchneristas, los bloques de izquierda y los misioneros del Frente de la Concordia. Ahora, con dos pedidos judiciales de desafuero, le bajarán el pulgar al ex ministro.

De Vido afronta dos pedidos de prisión preventiva. El juez Bonadio lo acusa de presuntos sobreprecios por casi 7000 millones de dólares en la compra de gas licuado. Por su parte, el juez federal Rodríguez lo investiga por un desvío de 270 millones de pesos en obras que no se completaron en la mina de carbón de Río Turbio. Ambos magistrados consideran que, de continuar en libertad, el ex ministro podría entorpecer las investigaciones en curso y por ello solicitaron su desafuero.

FUENTE: La Nacion

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