La Justicia investigará por extorsión a dos organizaciones piqueteras que controlan las asistencias a las marchas

El fiscal Marijuán denunció al Polo Obrero y a la Organización Clasista y Revolucionaria después de que distintas personas relataran en TV cómo son monitoreadas para ir a las protestas.

El fiscal Federal Guillermo Marijuán denunció a dos organizaciones sociales por “posible extorsión”. Se trata del Polo Obrero y la “Organización Clasista Revolucionaria”, que llevaron adelante la marcha del miércoles 18 de agosto en la que se pudo observar cómo militantes de estas agrupaciones llevaban un conteo de los presentes, a los que luego les entregan un pago mensual.

En la presentación, el fiscal menciona las imágenes que emitió TN que revelaron el accionar de las agrupaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social que tomaban asistencia a las personas que concurrían a la masiva marcha en reclamo de planes sociales, bajo amenaza de que, en caso de no presentarse o retirarse antes de lo pactado, le quitarían el beneficio o no les entregarían los que estaban en trámite. Para Marijuán la maniobra que registraron la cámara del canal de noticias “constituye un delito”.

Al mismo tiempo, destacó las declaraciones espontáneas de los manifestantes que dijeron que recibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas y que si faltaban o si no se quedaban hasta su finalización se les quitaba los planes, dando de baja las tarjetas a través de los cuales los perciben. En esa misma línea, el trabajo de TN dejó en evidencia la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas para confirmar asistencia o, en otras palabras, “dar el presente”.

Por último, quedó registrado por la cámara que al momento de la desconcentración, se les pedía a los manifestantes un número para corroborar que se hubieran quedado hasta el final. “En la entrada nos dieron un número y ahora, de salida, lo tenemos que entregar otra vez”, contó con sencillez uno de los asistentes a la marcha, poniendo de manifiesto la posible comisión de un delito.

Durante la protesta a Desarrollo Social se vieron escenas de clientelismo (Foto: captura TN).

El titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°9 detalló que la operatoria presuntamente ilícita podría encuadrarse en la figura de coacción, previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

“En el caso del último apartado del artículo anterior, la pena será: de cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, establece el apartado del mismo Código.

En esa figura penal “se obra por la intimidación que ocasiona creando un estado de alarma o temor que lleva a la víctima a hacer algo que no quiere o dejar de hacer algo que quiere. En el delito de coacción la cuestión tiene que encararse desde el punto de vista de su aptitud para constreñir al sujeto pasivo a que doblegue su voluntad ante la del agente”, detalla el escrito al que tuvo acceso TN.com.ar.

Sin embargo, Marijuán dejó abierta la posibilidad de que puedan achacarle a los responsables de la maniobra otras calificaciones penales, que puedan surgir durante la instrucción.

Por lo pronto, para el fiscal, “el propósito de estas marchas en las que se exigía la concurrencia de los beneficiarios, consistía en obtener algún beneficio por parte del Ministerio de Desarrollo Social”, hoy a cargo de Juan Zabaleta.

En ese orden, pidió una serie de medidas de prueba. En primer lugar, que se solicite a la fuerza de seguridad que se considere pertinente que identifiquen a las personas que se observan en las imágenes periodísticas tomando asistencia. Al mismo tiempo, solicitó que se identifique a los concurrentes a la marcha para recibir su testimonio.

Por último, pidió que se libre oficio al Ministerio de Desarrollo Social para que deje sin efecto “cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo” a las organizaciones denunciadas, con la salvedad que esto no implique dejar sin planes sociales a las personas que integran esos movimientos sociales, “toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes”.

En ese sentido, le solicitó a Zabaleta que continué con la ayuda, pero que lo haga “personalmente, sin intermediación de organizaciones o terceros”.

Fuente: TN

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